Por Martín Guzman
NUEVA YORK – La economía argentina está en problemas. El año pasado el país sufrió una estanflación, con una caída del PIB del 2,3% y una inflación cercana al 40%. La pobreza y la desigualdad aumentaron; también aumentó el desempleo; la deuda externa creció, y sigue creciendo a un ritmo alarmante. Para el presidente Mauricio Macri, cuanto menos, fue un primer año desalentador.
Es cierto que cuando Macri asumió el cargo en diciembre de 2015, enfrentó un desafío bien complicado en el plano macroeconómico. La economía estaba transitando sobre un sendero insostenible, debido a las políticas macroeconómicas inconsistentes llevadas a cabo por su predecesora, Cristina Fernández de Kirchner. Esas políticas provocaron desequilibrios que erosionaron la competitividad de la economía y generaron un drenaje de las reservas de divisas, empujando al país hacia una crisis de balanza de pagos.
Pero Macri siguió un enfoque de política macroeconómica fallido. Su administración necesitaba abordar los desequilibrios fiscales y externos, sin deshacer los avances logrados durante la década anterior en materia de inclusión social. Su enfoque, basado principalmente en cuatro pilares, no lo ha conseguido.
Primero, se eliminaron los controles cambiarios y se transitó hacia un régimen de flotación cambiaria; durante 2016 el peso argentino se depreció 60% en relación al dólar estadounidense. Segundo, se redujeron los impuestos a la exportación de commodities, que habían tenido un rol importante durante las administraciones Kirchner, y se removieron un conjunto de controles a las importaciones. Tercero, el BCRA anunció que seguiría un régimen de metas de inflación, en lugar de continuar recurriendo principalmente al señoreaje para financiar el déficit fiscal.
Por último, el gobierno de Macri llegó a un acuerdo con los llamados fondos buitres y con otros acreedores holdout, que durante más de una década habían impedido el final de la reestructuración de la deuda argentina. Una vez que el acuerdo tuvo lugar, el gobierno suscribió nuevos préstamos externos de forma masiva, alcanzando el récord de emisión de deuda histórico de un país emergente, para financiar el déficit fiscal. Con el objetivo de disminuir los costos de endeudamiento, las nuevas autoridades decidieron emitir bonos bajo la ley de Nueva York, a pesar de la costosa batalla que el país había perdido recientemente precisamente por haberse endeudado bajo esos mismos marcos legales.
El enfoque de política macroeconómica de Macri, que incluyó también aumentos de las tarifas de los servicios públicos, congeladas durante el gobierno anterior, y la implementación de un programa de “blanqueo” de capitales que proporcionó al gobierno mayores ingresos fiscales, se basó en varios supuestos controvertidos. Se partió de la premisa de que el cambio radical en el curso de la política establecería las condiciones para un crecimiento dinámico.
Se asumió que la depreciación de la moneda sumada a la reducción de las retenciones a las exportaciones serían suficientes para recuperar la competividad cambiaria y resolver los desequilibrios externos. El acuerdo con los fondos buitres reduciría el costo de financiamiento y aumentaría la confianza de los inversores, atrayendo flujos de inversión extranjera directa (IED). El crecimiento impulsado por las inversiones se derramaría a toda la economía.
Pero esos supuestos fallaron. Contrariamente a las expectativas del gobierno, la depreciación del peso se trasladó rápidamente a los precios, tal como los críticos habían advertido. Esto redujo el poder adquisitivo de los hogares y debilitó la demanda agregada, a la vez que hizo a la devaluación nominal estéril para mejorar sustancialmente la competitividad externa del país.
El enfoque de metas de inflación del banco central no mejorará las cosas; por el contrario, lo más probable es que tienda a debilitar la actividad económica y a dañar más a los más vulnerables, para quienes el desempleo puede ser mucho peor que la inflación.
Encima, el déficit fiscal aumentó como consecuencia de la caída de los ingresos que la recesión implicó. Y los flujos de IED no fueron significativos, porque como los críticos de Macri habían advertido, en un contexto tan incierto era poco probable que llegaran inversiones.
El gobierno hizo una cosa bien: le cambió la cara al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que había perdido toda credibilidad a partir de las intervenciones de la administración anterior. Pero la situación general sigue siendo preocupante. Pasado un año, Argentina enfrenta los mismos desequilibrios macroeconómicos que al principio del gobierno de Macri, pero con un endeudamiento externo significativamente mayor.
Además, la conflictividad social está llegando a un punto álgido, lo que es la consecuencia de la redistribución de la riqueza en desmedro de los trabajadores provocada por las políticas de Macri. En las calles del país abundan los cortes y las manifestaciones, y hasta se ha retrasado el comienzo del ciclo lectivo. El pasado 6 de abril el gobierno enfrentó su primera huelga general nacional.
Tal y como están las cosas, las perspectivas de Argentina son inciertas. El endeudamiento externo se está convirtiendo en un problema serio, que probablemente se intensifique por las subas de las tasas de interés de la Reserva Federal de EE. UU que incrementarán los costos de refinanciar la deuda. Y para peor, la dinámica macroeconómica desestabilizante se reproduce a sí misma. Por ejemplo, las entradas de capitales asociadas con el endeudamiento externo están generando presiones apreciatorias sobre el tipo de cambio real, amenazando la competitividad de sectores que son clave para la creación de empleo.
En la previa a las elecciones legislativas de este año, el gobierno de Macri podría tratar de estimular la actividad económica tomando más deuda. Pero una recuperación basada en la deuda sería de corta duración y sembraría las semillas de problemas más graves en el futuro.
Para escapar de su perversa dinámica de endeudamiento, Argentina necesita reducir su déficit fiscal. Pero sólo puede hacerlo en el contexto de una recuperación sostenible e inclusiva de la actividad económica, lo que requiere una economía más competitiva. Bajo las condiciones actuales, tratar de resolver el problema mediante una contracción fiscal simplemente agravaría la recesión.
El gobierno aún necesita delinear una estrategia macroeconómica a largo plazo basada en supuestos sensatos. Sin corrección sustancial de su estrategia, Argentina se asentará sobre una trayectoria de endeudamiento desestabilizadora que no llevará a buen puerto.
Original en inglés:
MartÍn Guzmán 